La reforma eléctrica va a suponer una subida de la luz del 3,2% inmediatamente

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El valor del recibo de la luz va a subir en las próximas semanas, de manera previsible en el mes de agosto, un 3,2% a consecuencia de la reforma eléctrica que aprobó este viernes el Consejo de Ministros para terminar con el déficit de cuota. Este aumento procede del incremento del 6,5% que se procederá en los peajes y que piensa un monto de 900 millones de euros sobre un total de 4.500 millones que supone el encontronazo de la reforma.

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La mayoría del coste de esta reforma la aceptarán las compañías de electricidad por la distribución y las firmas de renovables, por un valor de 2.700 millones y en proporciones semejantes. Los que sobran 900 millones los aportarán los Capitales En general del Estado (PGE) para asumir costos extrapeninsulares (lo que cuesta llevar la luz a los archipiélagos, Ceuta y Melilla). En el final, tras tensiones con Industria, Hacienda ha impuesto sus proposición de contención para lograr realizar las demandas de Bruselas para achicar el déficit público (en 2014 debe bajar del 6,5% al 5,8% y cada décima son unos 1.000 millones) y logró achicar a la mitad las demandas de Industria de que aceptara los 1.800 millones que piensa contemplar esos costos.

La subida del 3,2% se aúna a la que hace poco se causó en la cuota del 1,2% en la revisión trimestral de la llamada cuota de último recurso (TUR) que desde la reforma va a pasar a nombrarse coste voluntario al pequeño cliente (la usan todos y cada uno de los hogares y las pequeñas compañias). La TUR y los peajes (una parte del sistema que se cobra por la utilización de la red y que va de manera directa a cuota) se dividen al 50% la factura. La revisión de la novedosa TUR, cuyo coste se regula por medio de la subasta que se hace entre las compañías distribuidoras (el llamado pool), proseguirá siendo trimestralmente.

Según Industria, de no haber tomado medidas entre 2012 y 2013, el déficit de cuota se habría alto 10.500 millones y habría sido primordial subir la luz un 42%. Para evadir que el coste recayese de manera directa en el usuario, a lo largo del año pasado y este adoptó una sucesión de medidas, entre un crédito increíble de 2.000 millones de los Capitales y recortes que repercutieron en el área (reducción de primas, transporte, distribución…) y también impuestos a la generación, que dejaron reducirlo en 6.000 millones. Los 4.500 millones que sobran habrían requerido un incremento del 19% en el recibo de la luz.

Industria protege que con la reforma, el encontronazo se ha repartido entre los diferentes agentes y el incremento se ha achicado al 3,2% mencionado, que provoca que en el grupo de los un par de años haya sido del 8% en vez del 42%. Entre 2003 y 2011 la cuota subió un 63% poniendo a España como país más costoso de la UE, solo superado por las islas Chipre y también Irlanda.

Así, el Gobierno espera acabar con el déficit de cuota que se arrastra desde 2005 a consecuencia de la reforma llevada a cabo en 2000 y que amontona una deuda de 26.026 millones. Esta deuda se ha producido por el sobrecrecimiento de las renovables, que de 400 megavatios de capacidad previstos pasaron a 4.000, y las primas que se les han concedido. En 2012, los costos del sistema eran 22.500 millones y los capital se han quedado en 18.000.

La reforma, que se desarrollará en un anteproyecto de ley, un decreto ley, ocho reales decretos y tres órdenes ministeriales, persigue terminar con ese déficit y, pausadamente, con la deuda amontonada. Para eso, aparte de la subida del recibo y la aportación de los PGE, establece nuevos regímenes retributivos para las instalaciones de renovables y las redes de transporte y distribución.

En ese sentido, los cambios tienen dentro la supresión de las primas a las renovables estableciendo un nuevo marco que fija una “rentabilidad correcta” del 7,5%, lo que piensa ahorrar unos 1.500 millones. Esta rentabilidad está fundamentada en las obligaciones del Tesoro a 10 años más 300 puntos básicos para las renovables y un 6,5% para el resto (exactamente las mismas obligaciones más 200 puntos básicos). Desde este momento, las renovables van a vender de manera directa al mercado. Esta retribución afectará a la vida útil de las 55.000 instalaciones.

La reforma establece una regla de seguridad financiera, por medio de un sistema automático de revisión que evitará la aparición de nuevos desajustes y limita la introducción de nuevos costos en el sistema sin que venga acompañada de un incremento semejante de los capital. Esos sobrecostes generados por las normativas autonómicas o bien locales van a deber ser asumidos por estas.

Además tienen dentro recortes de hasta 1.000 millones en los pagos regulados que se reciben por administrar las redes de media y alta tensión y se decrece la retribución de hoy de los pagos por aptitud que perciben las centrales de período mezclado en 200 millones de euros. Exactamente, permite el cierre temporal de estas instalaciones. Según Industria, sobran entre 4.000 y 6.000 MW de capacidad sobre los 25.000 instalados y esa sobrecapacidad necesita, a su juicio, entablar la figura del cierre temporal estableciendo “una subasta de hibernación”. El cambio en los pagos de aptitud se disminuye de 26.000 euros a 20.000, que paralelamente se reducirán a 10.000 aunque su pago se eleva de 10 a 20 años. De igual modo, fortalecerá la pelea contra el estafa, altera la composición de peajes reduciendo el coste sobre el cliente medio y penalizando las segundas casas y las vacías.

La reforma tiene dentro una simplificación del recibo. Aparte del cambio de nombre de la TUR por costo voluntario al pequeño cliente, se facilita el desarrollo de cambio de compañía suministradora, se fortalecen los mecanismos de atención al usuario y posibilita la aparición de comercializadoras. Los clientes más atacables (con una renta inferior a 25.000 euros por lugar de vida de 4 personas) van a poder continuar acogiéndose al descuento del bono popular, cuyo valor es de 200 millones y corre al cargo de las eléctricas.

La reforma ha producido un descontento popularizado tanto entre las compañías habituales agrupadas en la patronal Unesa como en renovables, que a lo largo de todo el desarrollo han recurrido hasta a embajadores para apretar a Industria. Las dos partes, que conocieron la reforma de boca del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, la tarde del jueves, han subrayado que la reforma hace imposibles novedosas inversiones. Para Industria, “en términos en general” no van tan mal libradas. Las compañías van a ver achicada su retribución en criterio de distribución cerca de 300 millones este año, que podrían incrementarse a 400 desde 2014. Red Eléctrica, como responsable del transporte, encarará un recorte de 100 millones complementarios.

Fuente El Pais

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